El actual modelo de gobernabilidad de la Ciudad Capital es inviable e incompetente para trazar e implementar un camino de desarrollo sostenible. Esto es más evidente cuando, a nivel mundial, Lima se llena de títulos que celebran su patrimonio y gastronomía, pero también despunta en los listados mundiales de las peores condiciones para vivir.
Escribe: Arq. Jorge Ruiz de Somocurcio
Decano del Colegio de Arquitectos del Perú – Regional Lima
El arquitecto chileno Felipe Vera, funcionario del BID y conferencista en la Bienal de Lima – BiaLIMA 2023, auguró un futuro desafiante y obscuro para el urbanismo en los próximos años, especialmente en las ciudades del sur del planeta. Según datos de las Naciones Unidas, el mundo tiene hoy 8 mil millones de habitantes y llegará a los 10 mil millones en 2050. Estos son 2 mil millones más de habitantes que “engordarán” las ciudades ya existentes o darán lugar a unas 200 nuevas urbes, especialmente en Asia, África y América Latina, sacudidas además por enormes corrientes migratorias.
Entretanto, el Perú y Lima en particular están todavía a la espera de una reacción a la vergonzosa evidencia de estar en el fondo de la olla –urbanísticamente hablando– en la que nos colocó la pandemia.
Lima se debate en una suerte de esquizofrenia. De un lado, acumula títulos siendo elegida la Mejor Ciudad Patrimonio del Mundo, Capital Iberoamericana de la Cultura Gastronómica y sede de los Juegos Panamericanos 2027; elegida como parte de los nuevos corredores económicos del mundo, la nueva “ruta de la seda”, gracias al megapuerto de Chancay, además de ser una ciudad marítima con un nuevo aeropuerto que podrá recibir 30 millones de pasajeros por año. Pero, de otro lado, los ránkings nos ubican como la ciudad donde se pierden más horas por tráfico en el mundo, y hoy tenemos uno de los mayores índices de inseguridad ciudadana en América Latina, con un 80% de la expansión urbana guiada por los traficantes de tierras y una informalidad que ha penetrado casi todos los espacios de un Estado formalmente fracturado. En lo político, en la minería, en la educación, en el transporte, en el desarrollo urbano, en la vivienda, la informalidad despliega su secuela de corrupción hasta los huesos.
Lo real es que Lima es una metrópoli con oportunidades y fortalezas excepcionales si se la sabe interpretar y conducir. ¿Qué se lo impide? Un modelo de gobernabilidad inviable e incompetente para trazar e implementar un camino de desarrollo sostenible. Ahí tenemos que apuntar. En este momento, el Colegio de Arquitectos del Perú-Regional Lima está promoviendo en el Congreso de la República un Proyecto de Ley dirigido a enfrentar dos componentes claves de esa fallida gobernabilidad: 1. Todas las ciudades deben tener, bajo responsabilidad del alcalde, un plan urbano como hoja de ruta, y 2. Como parte del mismo, se establecen las condiciones para la producción de vivienda realmente social en un proceso de expansión urbana, predecible, ordenada, sostenible, humana y no aquella que se da hoy de mano de los traficantes de tierras, que condena a la miseria a quienes creyeron ver en ella una esperanza.
Una vivienda prohijada por los traficantes tarda entre 20 y 25 años en tener todos los servicios básicos. Eso es inhumano. Y no es un problema de recursos económicos, plata hay. Solo con 2500 millones de dólares hundidos en la refinería de Talara se habrían podido hacer 100 mil viviendas para los más necesitados.
Aparte del fallido modelo de gobernabilidad de nuestras ciudades parceladas en distritos en su mayoría incompetentes, la propia naturaleza del urbanismo actual es estéril para enfrentar, con su frondosa normatividad y su desdén por la gente, las demandas de nuestras urbes. Actualmente, la normatividad que guía la formulación de planes urbanos es ineficiente para elaborar hojas de ruta que conlleven a soluciones sostenibles.